Crece un 10% el coste de los funcionarios (Política, Economía. 91)

Las administraciones de nuestro país gastan cada año una mayor cantidad de dinero en la remuneración de sus empleados públicos. Los datos de 2008 arrojan un crecimiento de este gasto cifrado en un 9,8% con respecto al año anterior.


Según los datos que presenta este domingo 20-12-09 el diario El Mundo, los más de 3.100.000 funcionarios de nuestro país (juntando los datos de las administraciones locales, autonómicas y central) cuestan a nuestras instituciones un total de 117.600 millones de euros anuales (un cálculo rápido que no oficial indica una media de 38.000€ anuales brutos por empleado, lo que evidencia un salario muy superior a la media del empleo privado).
Así, el gasto que soporta cada habitante de nuestro país en financiar a los trabajadores del sector público es de 2.629 euros anuales, una cifra desmesurada en comparación con las que presentan otros países europeos. Por ejemplo, en Alemania, el dato es 500 euros inferior.

Desde el año 2000, el crecimiento en este gasto es de un 60%, destacando el dato de la administración regional, que prácticamente se ha duplicado a lo largo de esta década. La local ha crecido un 56% y la central, un 37%.

Esto no es una crítica al funcionariado en sí, que es algo necesario, sino al exceso del mismo, es decir a su gestión y a la administración pública que gestiona la contratación, y por tanto la crítica va al excesivo número de funcionarios (no es de recibo que tengamos más empleados públicos que Alemania pese a tener solo la mitad de su población) y su excesivo coste (que se deriva del exceso de empleos públicos y de su excesivo salario de muchos de ellos). Este exceso implica un endeudamiento importante (su salario es la partida que supone mayor gasto público en una administración) que lleva a subidas de impuestos (más multas o cualquier otra cosa para recaudar como multas). y es que la ingente cantidad de dinero que han recaudado las administraciones públicas gracias a la burbuja inmobiliaria y al negocio del suelo, les permitía estos mayores gastos y contrataciones, pero estos ingresos no eran sostenibles, lo que evidencia que la estructura pública alcanzada tampoco.