jueves, 22 de septiembre de 2011

La morosidad, especialmente de la Administración Pública, amenaza millones de empleos. (Política, Economía. 376)

Más de 500 días lleva en el ostracismo y sin aprobación la proposición de Ley de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, para permitir a las pymes y a los autónomos no tributar por el IVA de las facturas no cobradas hasta que las cobren, algo ciertamente muy grave debido a las tremendas consecuencias que lleva consigo. Y no es ninguna tontería:

Estamos hablando de un riesgo de perder el trabajo del 80% de los autónomos, lo que supone más de 2,48 millones de emprendedores (Hay 3,1 millones actualmente).

Además, el 40% de las empresas españolas ve amenazada su supervivencia por los retrasos en los pagos, lo que supone 1,4 millones de compañías (en Enero había 3,25 millones)
No en vano, según datos del INE, en el último trimestre aumentó un 19,7% el número de empresas que suspenden pagos.

Intrum Justitia recuerda que es necesario encontrar la fórmula para que pymes y autónomos no tengan que tributar por el IVA de las facturas que no han cobrado. Sobre todo, en el contexto actual donde según datos de la multinacional sueca, disminuir los plazos de pago de la Administración Pública sería especialmente trascendente si tenemos en cuenta que tienen los plazos de pagos más largos.

Concretamente, según datos del Índice de Riesgo 2011 de Intrum, las administraciones tardan en pagar sus facturas 153 días, frente a los 99 días de las empresas, y 68 de los particulares. De hecho, la consultora estima que si las administraciones públicas, empresas y consumidores pagaran a tiempo sus facturas ello equivaldría a una inyección económica de 28.630 millones de euros.

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