John Müller comenta la desastrosa cifra de desempleo publicado por la EPA y lo que contribuye a ello nuestra legislación laboral e impuestos sociales, que provoca más paro y más economía sumergida:
"Mariano Rajoy ya es nominalmente el presidente de la España de los seis millones de parados. Es fácil imaginar que desde el 20-N de 2011, esta posibilidad entraba en su cálculo. Pero si no quiere pasar a la historia encabezando uno de los mayores fracasos colectivos de los que hay testimonio, ya puede aplicarse a fondo en este asunto.
Hay muchísimos elementos que confluyen en esta situación. Todos aportan su cuota, pero quizás ninguno sea realmente la clave de bóveda que permita resolver del todo el acertijo. Uno de ellos es el propio número de parados: 6.202.700 desempleados, según la Encuesta de Población Activa (EPA). Hay una diferencia de 1,1 millones con el paro registrado de marzo que fue de 5.035.243.
Ambos datos miden cosas diferentes y de manera distinta. El paro registrado es una estadística que llevan los Servicios Públicos de Empleo. La EPA es una encuesta telefónica a 60.000 hogares. El primero cuenta a las personas que se declaran en paro porque o quieren cobrar una prestación (hay 3.034.866 parados registrados en esa situación) o pretenden encontrar empleo mediante los servicios públicos (muy ineficaces, por lo demás), pero excluye expresamente a grupos muy numerosos de desempleados como los estudiantes que buscan su primer trabajo. La segunda, en cambio, contabiliza a todo aquel que quiere trabajar y no puede.
Cuando el presidente de la CEOE, Juan Rosell, puso en duda la validez de la EPA en febrero pasado y defendió el registro de paro, fue el blanco de todo tipo de críticas por cuestionar el método que, aunque nos pese, es el sistema universalmente reconocido. Rosell, sin embargo, no estaba juzgando si el desempleo es mucho o es poco (es indiscutible que lo contemos como lo contemos tenemos el récord mundial), sino planteando una divergencia numérica que ofrece indicios que hay que tener en cuenta.
Como se ve en la tabla adjunta, en momentos de crisis, la divergencia entre la EPA y el paro registrado se amplía. Ya entre 1993-95 la diferencia superó de manera estable el millón de desempleados. Esto ha vuelto ha ocurrir en 2012, pero en tiempos de bonanza, como el período 2005-07 o como sucedió en 2001, la diferencia es negativa, o sea, había más gente apuntada como parado en el registro oficial que la que se declaraba dispuesta a trabajar.
Una parte de esta divergencia la genera nuestro sistema de protección al desempleado. Un sistema largo, que el Gobierno ha hecho menos generoso a partir del sexto mes de paro, pero que crea muchas ineficiencias sobre todo en un proceso de ajuste de rentas a la baja como el que estamos viviendo. El año pasado, hubo momentos en que ciertos trabajadores prefirieron irse al paro durante dos años antes que aceptar una rebaja salarial, porque estar empleado le suponía contratar a otra persona para que cuidara a sus hijo. Despedir a esa persona y vivir del seguro significaba mantener un nivel de ingresos que con la rebaja salarial no podría conservar. Resultado: dos empleos destruidos.
La casuística del mercado laboral es infinita, porque las personas quieren decidir libremente según su conveniencia. Por eso, lo más razonable es dejar que la sociedad se ordene como quiera y no intervenir creando distorsiones, salvo cuando hay que proteger intereses superiores. El recargado sistema es fruto de la acción inestimable de abogados laboralistas, sindicatos y políticos de todo signo que no han cesado de expresar sus buenas intenciones haciendo ingeniería social con nosotros.
En Alemania hay más de 7,5 millones de minijobs, empleos remunerados con hasta 450 euros que no son legales en España. Pero esos dos millones de españoles registrados que no tienen prestación alguna con toda seguridad están nutriendo la economía sumergida que se estima que puede rondar el 25% o 30% del PIB. Claro que tenemos minijobs, pero los pagamos en negro, están desprotegidos y no contribuyen a sostener el Estado de Bienestar.
Y esto tiene que ver con el impuesto al trabajo en que se han convertido las cotizaciones sociales, que son la parte oculta de las nóminas. La empresa aporta el 23,6% de la base reguladora del trabajador y éste contribuye con un 4,7% más. En total, un 28,3% que los trabajadores no ven y que prácticamente se convierte en un sistema tributario en la sombra, con su propio sistema de redistribución del ingreso ya que las prestaciones más altas están topadas para los que más aportan.
Que el asunto de las cotizaciones es crucial para el mercado de trabajo lo prueba el hecho de que el Gobierno, con mala conciencia, cada vez que tiene que adoptar una medida de fomento del empleo, no hace más que eximir al empleador de las cotizaciones durante un tiempo o crear una tarifa plana, en vez de abordar a fondo el asunto. "
Fuente: El Mundo
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