viernes, 3 de mayo de 2013

En un año se han extinguido 460 empresas públicas de 4.000. (Política, Economía. 1.530)


Vaya exitazo! Vaya austeridad! Una tímida reducción de su número, que es vergonzosa en la situación actual, pero que les lleva pese a todo a incrementar el número de empleados (a costa de más deuda, déficit, impuestos y recortes para los ciudadanos y contribuyentes). 
Y es que a pesar de la crisis los empleados en las empresas públicas son un 9,4% más que en el 2008!!. 

¿A costa de cuántos empleos y recursos privados? ¿A costa de cuántos impuestos? ¿A costa de cuánta competencia desleal y destrucción del tejido empresarial privado (generador de recursos-tributos, riqueza y empleos) gracias a su capacidad de perder dinero continuamente e imponer precios alejados del mercado echando a competidores y desincentivando la eficiencia y la mejora de calidad o precios? ¿A costa de cuánta corrupción? ¿A costa de cuánta colocación de amigos-políticos-familiares-afines? ¿A costa de cuántos abusos salariales malgastando dicho dinero público? ¿A costa de cuánto crédito negado o encarecido a ciudadanos-empresas por el efecto crowding out?¿A costa de cuántos recortes en otras necesidades mucho mayores?...
"A mediados de marzo de 2012, el Gobierno de Rajoy aprobó un plan de reestructuración y racionalización del sector público empresarial al objeto de "poner orden", como señaló entonces la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la enorme madeja de sociedades, fundaciones, consorcios y entidades públicas tejida durante los años de bonanza: alrededor de 4.000 entes, pertenecientes en su inmensa mayoría a las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Según la información remitida ahora por el Ejecutivo a Bruselas dentro de su Programa Nacional de Reformas para 2013, el Estado ha concluido ya ("o lo hará proximamente") los procesos de extinción de 18 sociedades y 9 fundaciones. Asimismo, asegura que "se está acelerando la liquidación de otras 13 sociedades", así como 43 operaciones de desinversión.
Según el Gobierno, estas medidas han permitido obtener un ahorro de 10 millones de euros en retribuciones y reducir 170 puestos directivos en la Administración General del Estado, poniendo coto a una situación que, tal como resaltó en su día Sáenz de Santamaría, llevó a que en alguna empresa pública hubiera "más consejeros que trabajadores en plantilla".
Por su parte, las autonomías, que concentran buena parte del tejido empresarial público, han liquidado 229 entidades en un año y otras 213 se encuentran en el umbral de la extinción, lo que significa un grado de cumplimiento del 84% de los objetivos inicialmente previstos: baja de 525 entidades, una meta que el Ejecutivo ha ampliado ahora hasta las 686.
Ahorro de 1.500 millones
El Gobierno prevé que las autonomías ahorrarán alrededor de 1.500 millones de euros entre 2011 y 2013 por el adelgazamiento del número de entidades, con una reducción de personal estimada de 5.863 efectivos que, a su vez, trae consigo un ahorro de 130 millones de euros.
El Ejecutivo de Rajoy ha conseguido significativos avances en el proceso de racionalización de una estructura empresarial pública que llegó a ser mastodóntica hasta bien entrada la crisis (alrededor de 4.000 empresas, consorcios y fundaciones) y que aún hoy sigue siéndolo en gran medida: se han liquidado -o se está en vías de hacerlo- 469 entidades, lo que significa que aún subsisten más de 3.500, una losa todavía demasiado pesada para una economía que encadena siete trimestres consecutivos en recesión, y unas cuentas públicas que, aun con los ajustes realizados en 2012, cerraron con un déficit de casi el 7%.
Más empleados
Y es que a pesar de la cura de adelgazamiento emprendida hace un año, se da la paradoja de que, según los datos de la última EPA, las empresas y otras instituciones públicas incrementaron su número de empleados en 11.600 personas (un 7,8% más). Y lo que es aún más relevante: las empresas públicas emplean en la actualidad alrededor de 159.000 personas, 13.700 más que a comienzos de 2008, cuando la crisis daba sus primeros pasos.
Estas cifras evidencian que el Gobierno tiene todavía un amplio margen de mejora en su propósito de racionalizar el sector público empresarial y explica por qué algunas voces del sector privado, como la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, reclaman que se reduzca el peso de la Administración Pública y, sobre todo, de las empresas públicas, como uno de los requisitos para que España vuelva a crecer."
Fuente: Expansión

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