El siguiente artículo pone de manifiesto las dificultades en las que se encuentra el sindicato UGT-Andalucía, así como las decisiones contrarias a lo que manifiestan y exigen a otros (falta de transparencia, despidos brutales, indemnizaciones por el mínimo de días en lugar de por los que "defienden" y exigen, ERES, sin dimisiones de los responsables y favorecidos por los sobresueldos y facturas falsas...) y llevadas a cabo contra sus propios trabajadores y en beneficio de sus dirigentes.
Artículo de Libertad Digital:
"No se sabe cuál es la situación económica de UGT-Andalucía. El País afirma que es crítica, pero el mismo diario confirma que UGT Andalucía rechaza detallar el estado actual y plan de viabilidad de sus cuentas. La Junta de Andalucía tampoco muestra los expedientes por los que le exige la devolución, por ahora, de 1,8 millones aunque ya ha concedido nuevas subvenciones a la organización. Sin más dimisión que la del secretario general Francisco Fernández Sevilla, la actual dirección, que es la vieja Ejecutiva que cobraba sobresueldos falsos y opacos a Hacienda, piensa en despedir a más trabajadores porque la situación financiera es desesperada.
Lo cierto es que la plantilla de la organización se ha reducido a menos de la mitad por los despidos ya consumados mucho antes del estallido del escándalo de las facturas falsas y los sobresueldos. Poco más de 120 trabajadores en nueve sedes resisten mientras que hace un año UGT-A contaba con casi 340 trabajadores.
Los problemas crecen porque despidió a 159 trabajadores, a los que ha intentado aplicar la reforma laboral de Rajoy, esto es, 20 días por año trabajado como indemnización, e intentó un expediente temporal (ERTE) para 57 empleados que los tribunales han tumbado. Según fuentes de Libertad Digital, ya se ha producido una sentencia que ha concedido el despido improcedente a uno de los 159 trabajadores por lo que la UGT deberá abonarle 45 días por año y no 20, lo cual implica, si se extiende el criterio judicial, un incremento de más de un millón de euros en el pago de las indemnizaciones pendientes.
La actual cúpula del sindicato anunció ayer que presentará otro ERE, sin concretar cuántos despidos habrá. Pero, como ha dicho la sección sindical de UGT, "los trabajadores no pueden ser siempre los más perjudicados, sería inaudito. Hay gastos suntuarios que recortar".
La decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJA), que declaró nulo el ERTE por causas económicas y ordenó la reanudación de dichos contratos de trabajo, así como el pago de los salarios puede ser recurrida por UGT-A pero el sindicato debe pagar 720.000 euros por el recurso. Si además los jueces anulan el segundo expediente, el de los 159 despidos, a UGT le puede costar entre tres y cuatro millones readmitir a los trabajadores despedidos. De momento, como hemos dicho, alguno de estos despidos ha sido declarado improcedente.
Por si fuera poco, la Junta reclama 1,8 millones de euros por subvenciones mal justificadas y acaba de anunciar la apertura de investigaciones sobre otros expedientes de subvención. Sin embargo, el sindicato acudirá a los tribunales de lo contencioso-administrativo y retrasará esos pagos millonarios al menos hasta finales de 2014 o principios de 2015.
Además, está la baja sostenida de afiliados debido al desprestigio de la organización, descenso que tampoco quiere detallar la UGT dando muestra de una opacidad incompatible con las normas democráticas. Se habla de miles de bajas por diferentes motivos, desde la crisis al descrédito general(recuérdese lo de las facturas de comilonas en la feria de Abril), además de las contradicciones de un sindicato que sacó gente a la calle contra la reforma laboral y luego la aplicó a sus propios trabajadores.
A pesar de que las responsabilidades de esta situación quieren reducirse a Manuel Pastrana, ex secretario general, durante cuyo mandato se cometieron casi todas las fechorías imaginables ya denunciadas en la prensa y que investiga la juez Alaya, y a Francisco Fernández Sevilla, dimitido hace unas semanas, es evidente que las piezas básicas del negocio de formación de UGT-A, alrededor del cual orbitan las irregularidades, estaban nucleadas en torno a IFES y Soralpe I+P Asociados, dos empresas de UGT confederal que dirige Cándido Méndez.
Se espera que la diligencia de la juez Alaya ponga en claro cómo estaba organizado el negocio que dio numerosos beneficios a unos dirigentes que, como solución, no piensan siquiera en dimitir, sino en despedir a más trabajadores."
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