"A la cola en materia de inversión en la Justicia y de número de jueces y a la cabeza de los Estados de la UE en número de casos judiciales pendientes de sentencia en los ámbitos Civil y Mercantil. Esta es la preocupante radiografía que hace de España el Marcador sobre el estado y la calidad de la Justicia en la UE de 2014, publicado por la Comisión Europea, con datos de 2012 derivados, principalmente, del Consejo de Europa y de la Comisión para la Evaluación de la Eficacia de la Justicia (Ceej). Más noticias jurídicas en Ecoley.
En concreto, nuestro país está en las últimas posiciones de la UE por número de jueces, con 11 por cada 100.000 habitantes -menor que la media de 19 por cada 100.000 habitantes de la UE-, cifra que sólo es más baja en Irlanda, Dinamarca, Malta, Francia e Italia. En materia de presupuesto dedicado a los tribunales, registramos una espectacular caída desde los 90 euros por habitante que se invertían en 2010 a apenas 25 euros por habitante en el año 2012. Sólo Rumania, Bulgaria, Lituania, Letonia, Estonia e Irlanda dedican cifras más bajas.
Por si esto fuera poco, si bien España se sitúa en la parte media de la clasificación europea en lo que se refiere a la duración de los procedimientos, con alrededor de un año de promedio, superando incluso a Francia o Finlandia, sin embargo, el número de casos pendientes está entre los más altos de la UE -casi tres por cada 100 habitantes en primera instancia-, aunque baja ligeramente respecto a 2010. Sólo registran peores resultados Italia, Croacia, Grecia, Portugal y Eslovaquia. Pero el estudio no tiene información de Chipre, Bélgica, Bulgaria, Irlanda, Holanda y Reino Unido.
En concreto, esta segunda edición del Cuadro de Indicadores se incluye en el marco del llamado semestre europeo, puesto en marcha por la Comisión Europea con el objetivo de llevar a cabo, cada año, un análisis detallado de los programas de reformas económicas y estructurales de los Estados de la UE y proporcionarles recomendaciones.
De este modo, presenta un panorama comparativo de cómo se organizan los sistemas de Justicia para medir su eficiencia, calidad e independencia en los distintos países de la UE. A este respecto, la duración de los procedimientos; la tasa de resolución de los casos; y el número de casos pendientes son los principales indicadores de la eficiencia del sistema de Justicia. Y España, no obtiene buena nota.
La Justicia española, de las menos independientes
Otro dato negativo es que la Justicia española se encuentra también entre las percibidas como menos independientes de la UE por parte de empresarios de todos los sectores -ocupa el puesto 22 entre los 28 Estados miembros-, un sentimiento que además ha empeorado entre 2010 y 2012. Sólo Eslovaquia, Bulgaria, Rumanía, Croacia, Grecia y Eslovenia registran resultados peores, según los datos del Foro Económico mundial de los que se hace eco Bruselas.
En este sentido, explica el estudio que "la percepción de la independencia de los sistemas de justicia nacionales varía ampliamente en la UE". De este modo, y a pesar de que varios Estados miembros están entre los 10 líderes mundiales en cuanto a la percepción de la independencia judicial, "hay un nivel más bien bajo de percepción de la independencia judicial por la empresa a los usuarios finales del sistema de justicia en determinados Estados miembros".
Y es más, asegura la Comisión que en comparación con años anteriores "en varios Estados miembros la percepción de la independencia se ha deteriorado". A este respecto, utiliza un total de cinco indicadores para cubrir las garantías relativas al cambio de los jueces sin su consentimiento; la destitución de los jueces; la asignación de los casos entrantes dentro de un tribunal; el retiro y recusación de jueces y la amenaza a la independencia de un juez.
Eso sí, asegura que, en España, el salario bruto anual de un juez de primera instancia es de 47.494 euros y, por tanto, está por encima de la media de la UE(45.578). Y lo mismo ocurre con los magistrados del Tribunal Supremo, que ganan un salario bruto de 107.565 euros, frente a la media europea de 88.218. Ahora bien, denuncia que en España no existe un procedimiento para impugnar "de manera efectiva a un juez si una de las partes considera que no es imparcial".
Nuevas Tecnologías
Por otro lado, entre las principales conclusiones del Cuadro de Indicadores de la Justicia en la UE de 2014 -que, recuerda la Comisión que no es un mecanismo vinculante, si no que pretende ayudar a identificar los problemas que "merecen una especial atención"- se observa que algunos Estados miembros "siguen teniendo ciertas dificultades por lo que respecta a la eficacia de sus sistemas de Justicia, a pesar de que han adoptado reformas ambiciosas". En este sentido, asegura el estudio que en casi todos los Estados miembros se dispone ahora de mecanismos alternativos de resolución de litigios, mientras que en la mayoría de ellos se realiza un seguimiento y evaluación de las actividades judiciales.
Concretamente, en España, durante 2012 el número de mediación judicial en materia de familia fue de 3.608 y 1.166 en los casos penales. A pesar de todo, la Comisión lamenta que aunque ha aumentado la disponibilidad de herramientas basadas en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para los tribunales, aún hay margen para seguir avanzando, en particular para facilitar los contactos entre los tribunales y los ciudadanos.
A este respecto, asegura que "los largos procedimientos en primera instancia, junto con bajas tasas de resolución o un gran número de asuntos pendientes, apuntan a la necesidad de introducir nuevas mejoras".
De hecho, la vicepresidenta de la Comisión y responsable de Justicia, Viviane Reding, afirmó, tras la presentación del estudio europeo que "aplazar la justicia equivale a denegarla" y reclamó a los Estados miembros que prosigan con las reformas para mejorar la eficacia de sus sistemas judiciales.
Ya dentro de nuestras fronteras, el informe sitúa a España en la parte media del marcador en cuanto al uso de tecnologías de la información para el registro y la gestión de casos, aunque le suspende por la escasa participación -inferior al 10 por ciento- de jueces en actividades de formación continua en materia de derecho de la UE o en derecho de otros Estados miembros.
Formación continua de los jueces
En otro orden de cosas, explica el informe que en casi un tercio de los Estados miembros la tasa de participación de los jueces en actividades de formación continua sobre la legislación de la UE es superior al 50 por ciento. Ahora bien, para la mitad de los países de la Unión representa menos del 20 por ciento. Dicho esto, asegura que la formación se percibe como especialmente importante teniendo en cuenta "el continuo desarrollo de la legislación nacional y de la UE, el aumento de la presión para cumplir con las expectativas de los usuarios finales y la tendencia hacia la gestión profesional en la judicatura".
Por otra parte, el Cuadro de Indicadores muestra que el seguimiento y evaluación de las actividades judiciales ya existen en la mayoría de los Estados miembros de modo que sólo unos pocos países no los han puesto aún en marcha.
Y es que, añade que "las deficiencias en un sistema nacional de Justicia no son sólo un problema para un país determinado, sino que pueden afectar al funcionamiento del mercado único; al área de Justicia de la UE y, en general, a todo el sistema jurídico comunitario, basado en la confianza mutua".
Mecanismo de Derecho de la UE
El Cuadro de 2014 se centra en asuntos civiles y mercantiles contenciosos y utiliza los mismos parámetros que los de 2013, incluido el tiempo necesario para resolver los asuntos ante los tribunales, el índice de resolución de asuntos, el número de asuntos pendientes, la utilización de medios electrónicos para tramitar los asuntos, el recurso a vías alternativas de resolución de litigios, la formación a disposición de los jueces y los recursos para los tribunales.
Además, las conclusiones se tendrán en cuenta al preparar el próximo análisis específico por país en el marco del Semestre Europeo de 2014. Asimismo, se tomarán en consideración para los trabajos relativos a los programas de ajuste económico. Los fondos de la UE (Fondo de Desarrollo Regional y Fondo Social) pueden utilizarse para apoyar las reformas de los sistemas judiciales nacionales.
Complementariamente al Cuadro de Indicadores de Justicia la UE ha puesto en marcha el llamado Mecanismo de Derecho que establece un instrumento de alerta temprana que permite a la Comisión Europea iniciar un diálogo con el Estado miembro de que se trate para evitar amenazas sistémicas. Se trata, explica la Comisión, de un mecanismo que puede ser activado y utilizado en situaciones donde hay una ruptura sistémica que afecte a la estabilidad y buen funcionamiento de las instituciones y los mecanismos establecidos a nivel nacional para asegurar el estado de Derecho."
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