D. Soriano analiza el reciente estudio que preguntaba sobre hasta cuándo podían seguir pidiendo prestado los países, asumiendo los incentivos que tienen los políticos a actuar egoístamente y de forma miope endeudando irresponsablemente al país (a sus ciudadanos), mostrando algunas posibles soluciones (de entre muchas) para poner freno a esta situación.
Artículo de Libre Mercado:
"La deuda pública ya es un problema del primer mundo. Quizás ésta sea una de las grandes sorpresas de la crisis. Hasta hace unos años, las quiebras soberanas se asociaban a países subdesarrollados o a gobiernos populistas en Hispanoamérica, Asia o África. Desde 2009, cuando se habla de impagos se piensa en la Eurozona. Y si el tema es el creciente peso de los números rojos y su importancia para frenar el crecimiento futuro, Japón o EEUU están en los primeros puestos de la lista.
Fabrice Collard, Michel Habib y Jean-Charles Rochet, tres académicos de las universidades suizas de Berna y Zurich, se han hecho una pregunta clave: ¿Hasta cuándo puede pedir prestado un Gobierno? Este martes, publicábamos las conclusiones de su estudio. En lo que hace referencia a nuestro país no es demasiado tranquilizador. Aunque nuestra posición era envidiable hasta hace cinco o seis años, el actual nivel de deuda de España, cercano al 100% del PIB cada vez está más cerca de nuestra particular línea roja.
La clave es que no sólo en España este tema es motivo de preocupación. Los niveles de deuda pública se han disparado en la última década. La media de las economías avanzadas (los países del primer mundo incluidos en el G-20) ha pasado de alrededor del 70% en el año 2000 al 115% en 2012. Y la tendencia parece creciente. Por eso, Rochet, en su presentación en Madrid, se pregunta ¿Cómo puede estar pasando esto? ¿Es que se han vuelto irresponsables los gobiernos de un día para otro?
Su planteamiento se inicia con una interesante proposición: "En lugar de asumir que un gobierno benevolente escoge pedir prestado (o incumplir estratégicamente) para maximizar el bienestar temporal de sus ciudadanos, asumamos que los gobernantes son interesados (egoístas) y miopes". Vamos, que hay que considerar a ministros y presidentes como personas normales y corrientes, que se mueven según sus propios incentivos, como cualquier otro.
Precisamente, el problema es que los incentivos podrían estar muy mal situados en esta cuestión. Para empezar, los gobiernos tienden a pedir mucho prestado porque el coste de pagar la deuda lo soportará su sucesor. Es decir, que cuando los números rojos devienen insostenibles, normalmente el que impulsó el derroche ya no está en el poder. Por lo tanto, resulta tentador dar una patada para delante y que el ajuste lo haga otro.
Pero, además, hay una cuestión específica que afecta a los países desarrollados y que, paradójicamente, ha podido ayudar al descontrol que ahora todo el mundo tema: su solvencia. Sí, aunque parezca mentira, el hecho de que los estados del primer mundo hayan aparentado ser totalmente fiables ha generado una espiral peligrosísima para ellos mismos. Cuando ha llegado un gobierno irresponsable a uno de estos países, ha visto que tenía barra libre en los mercados para endeudarse.
El Tesoro de un país en vías de desarrollo sabe que no tiene mucho margen. Si su deuda supera el 30-40% del PIB hay muchas posibilidades de que se le cierren las puertas del crédito. Para un país de la OCDE hay una tolerancia mucho mayor. Por eso, desde los años noventa, estos estados han ido endeudándose sin demasiado control.
Los inversores prestaban porque creían que siempre recuperarían su dinero y los políticos, como hemos visto antes, no tenían ante sí ninguna restricción. Pero claro, el problema es que llega un momento, como se ha visto en esta crisis, en el que incluso lo que se creía imposible empieza a considerarse probable. Y para un país con una deuda superior al 100% del PIB (como pasa ahora en gran parte de Europa, por ejemplo), no es nada fácil cambiar el rumbo.
Además, la sostenibilidad en el largo plazo también está en entredicho por las obligaciones no reconocidas. Casi todos los países del primer mundo tienen ante sí lúgubres perspectivas financieras. El llamado gasto social, sobre todo en sanidad y pensiones, se va a disparar en las próximas décadas. En EEUU, por poner un ejemplo, hablamos de un incremento de diez puntos del PIB de aquí a 2040. Esto habrá que financiarlo al mismo tiempo que se paga esa montaña de deuda de la que hablamos. Si la productividad no crece a tasas muy elevadas, no será posible.
¿Hay alguna solución?
Pues no parece sencillo. Este miércoles, por ejemplo, Marc Garrigasait hablaba de "un mamut escondido debajo de la alfombra". Y los citados profesores apuntan a los límites constitucionales al endeudamiento, como el aprobado en España en 2011. Claro que en esto hay que creerse que los mismos que aprueban estos límites (y que pueden cambiarlos) los cumplirán en el futuro. Además, está la cuestión de si estos límites suponen una restricción en la capacidad de un Gobierno de enfrentarse a la crisis con medidas de impulso del gasto (la propuesta clásica keynesiana).
El segundo freno al derroche presente para no tener que lamentarse en el futuro podría estar en la institución de una autoridad fiscal independiente. Aquí, el principal problema está en saber si realmente es independiente. Por ejemplo, en España el Gobierno ha anunciado su creación y las críticas a su diseño se han multiplicado por su dependencia de Hacienda.
En Suecia y Canadá se instituyó una figura de este tipo hace años y parece estar funcionando bien. El país escandinavo estuvo al borde de la quiebra a comienzos de los noventa, con unas finanzas descontroladas. Su prima de riesgo con Alemania llegó a superar los 500 puntos básicos. En aquel momento, se comprometió con la estabilidad presupuestaria. Tomó medidas que los mercados han considerado creíbles. Y ahora está entre los más fiables de la UE (no está en la Eurozona), con una deuda pública a la baja, que no alcanza el 40% del PIB."
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