Una nueva evidencia del interés real de un grupo de presión o lobby, que no es otro que obtener beneficios particulares en detrimento del resto de la sociedad.
Y no importa si tienen que emplear a los niños ni su presente y futuro para obtener sus objetivos políticos y privilegios particulares, pues eso es lo prioritario cuando como ocurre en un sistema monopólico por ley como es la educación pública, tus beneficios/condiciones no dependen de una mejor educación, de unos mejores resultados de los alumnos o de un mejor servicio al cliente/alumno para ganarte su confianza y aumentar la demanda por parte de los padres.
Cuando tus beneficios vienen por ley, lo haga uno como lo haga y obtenga los resultados que obtenga, el objetivo es presionar al que hace dicha ley para mejorar tus propios privilegios a costa del resto de la sociedad (una nueva redistribución inversa de la renta de gente que tiene menos hacia gente que tiene más). Eso sí, aunque luego sean los primeros que se manifiesten contra los necesitados y por el acceso a la educación (manifiestamente más costosa por este motivo) y pretendan exaltar su vocación al servicio "público" y contra el lucro. Todo muy coherente.
No es de extrañar que en España, casi el 70% de todo el coste de educación sean salarios (cerca de 10 puntos más que los países del resto de Europa con una mejor educación) y el salario del profesor público respecto al salario de mercado en el sector privado (y con unos resultados mucho mejores y al nivel de Finlandia como muestra PISA) o respecto al salario del mismo profesor en el resto de países de Europa corregido por PPI (paridad del poder adquisitivo) o del salario medio en España sea alrededor de un 30% superior.
Pero luego hacen falta más becas...por poner un ejemplo.
Y no importa si tienen que emplear a los niños ni su presente y futuro para obtener sus objetivos políticos y privilegios particulares, pues eso es lo prioritario cuando como ocurre en un sistema monopólico por ley como es la educación pública, tus beneficios/condiciones no dependen de una mejor educación, de unos mejores resultados de los alumnos o de un mejor servicio al cliente/alumno para ganarte su confianza y aumentar la demanda por parte de los padres.
Cuando tus beneficios vienen por ley, lo haga uno como lo haga y obtenga los resultados que obtenga, el objetivo es presionar al que hace dicha ley para mejorar tus propios privilegios a costa del resto de la sociedad (una nueva redistribución inversa de la renta de gente que tiene menos hacia gente que tiene más). Eso sí, aunque luego sean los primeros que se manifiesten contra los necesitados y por el acceso a la educación (manifiestamente más costosa por este motivo) y pretendan exaltar su vocación al servicio "público" y contra el lucro. Todo muy coherente.
No es de extrañar que en España, casi el 70% de todo el coste de educación sean salarios (cerca de 10 puntos más que los países del resto de Europa con una mejor educación) y el salario del profesor público respecto al salario de mercado en el sector privado (y con unos resultados mucho mejores y al nivel de Finlandia como muestra PISA) o respecto al salario del mismo profesor en el resto de países de Europa corregido por PPI (paridad del poder adquisitivo) o del salario medio en España sea alrededor de un 30% superior.
Pero luego hacen falta más becas...por poner un ejemplo.
Artículo de Libertad Digital:
La Fundación Círculo Balear (FNCB) denuncia que miembros de la Asamblea de docentes utilizan los centros educativos para repartir documentos en favor del aprobado general que debatirán este jueves.
Las opciones que baraja esta plataforma son tres: votar un aprobado general en todos los cursos de Primaria y Secundaria, un aprobado general sólo en los cursos donde se aplica el TIL este año (1º, 3º y 5º de Primaria y 1º de ESO) o rechazar el aprobado general.
Habrá dos votaciones. En una primera, los profesores elegirán si apoyan o no "dar como mínimo un 5 a los alumnos que se presenten a las pruebas" y en el caso de que el 'sí' obtenga un apoyo superior al 70%, se hará la segunda para determinar a qué cursos afectará.
Para la entidad constitucionalista, se trata de un documento que "demuestra el radicalismo de un sector docente que no duda en perjudicar a los alumnos para conseguir sus reivindicaciones políticas".
El argumentario que utiliza la Asamblea de docentes lleva como título: "Contra la política educativa autoritaria, represiva, lingüicida y antisocial del PP: aprobado general". Algunos de sus argumentos a favor de esta medida son: "La involución hacia la dictadura franquista con decretos y leyes como el TIL y la LOMCE". Incluyen la canción L'Estaca de Lluis Llach resaltando: "Si estirem tots, ella caurà/ i molt de temps no pot durar / segur que tomba tomba tomba / i ens podrem alliberar". Afirmando que "un curso anormal sólo puede tener un final anormal".
No creen que para los profesores esta medida suponga ningún "peligro" si se aplica "la evaluación continua y se toman medidas", como "no dar el aprobado general a un alumno que no se presente a los exámenes". Aunque no tienen tan claro que su propuesta vaya a tener una buena acogida entre los profesores y los padres.
Según la FNCB, ante la falta de sanciones por parte del gobierno balear de José Ramón Bauzá, estos se sienten impunes. "Los políticos y gobiernos tienen fecha de caducidad, los profesionales de la enseñanza continuamos", señalan los miembros de la Asamblea. "Su total desprecio hacia el aprendizaje de los alumnos queda patente" en frases como esta, que recoge la FNCB: "Repetir curso en idénticas condiciones no garantiza que pasen con los mínimos conocimientos. Por otra parte, el alumnado que repite dos cursos seguidos promociona igualmente". Y ante la posibilidad de que las familias les acusen de tomar medidas antipedagógicas argumentan que "no sólo enseñamos cuando explicamos el temario y aplicamos el programa curricular a los alumnos, sino también cuando hacemos una huelga, una concentración o un aprobado general".
El presidente de la FNCB, Jorge Campos, asegura que "las familias se organizarán si se lleva a cabo este despropósito, para proteger a sus hijos, al margen de la actual federación de padres (FAPA) que respalda a este sector de docentes". Y solicita a la consejería de educación que "actúe de una vez por todas sancionando a los docentes que vulneran la ley".
No obstante, ni la FAPA apoya esta vez a la Asamblea de Docentes. "No es una buena iniciativa" porque "no beneficia a los alumnos" y "porque no creemos que sea una medida de presión adecuada teniendo en cuenta la inestabilidad demostrada por el Govern actual, incapaz de sentarse a negociar con la comunidad educativa".
El aprobado general, "una burla y una injusticia"
Por su parte, el Instituto de Política Familiar de Baleares (IPFB) asegura que el aprobado general "representa una burla y una injusticia para las familias de Baleares". En un comunicado, han explicado que este aprobado "daría por perdido" este curso a dos meses de su final causando "una gran injusticia a todos aquellos alumnos que se han esforzado por estudiar y aprender".
Así, han señalado que esto llevaría a "la desmotivación" de los alumnos que al pensar que "serán aprobados dejarán de esforzarse y empezarían las vacaciones estivales dentro de las aulas". Según han señalado, esto sería "muy perjudicial" para "la baja calidad del sistema educativo en Baleares" y "denotaría el fracaso de una parte de los docentes que por motivos políticos y siendo funcionarios públicos no han sabido llegar a sus alumnos".
Así, han censurado que es "como si los empleados sanitarios dieran el alta a todo los pacientes por no estar de acuerdo con las directrices de los gobernantes". "Los alumnos y sus familias tienen el derecho de ser evaluados para medir su rendimiento y aprendizaje, derecho que no se les puede negar por motivaciones políticas y partidistas", han añadido.
Desde el IPFB piden a "padres, familias y asociaciones de padres" que no permitan que se produzca "dicha injusticia contra sus hijos" y que "reclamen a los docentes su profesionalidad e implicación en su función pública educativa y que se abstengan" de la utilización de sus hijos "para reivindicaciones, que aunque legítimas, no deben perjudicarles".
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