Juan R. Rallo analiza el impacto al ahorro de la nueva reforma fiscal, que no supone otra cosa que un nuevo maltrato y penalización al ahorro, un ahorro que es indispensable para una sana recuperación.
Artículo de El Economista:
La peor parte de esa reforma tributaria dirigida a enmendar parte de la salvaje y disparatada subida del IRPF que aprobó el Partido Popular nada más llegar al poder ha sido, sin lugar a dudas, el negativo trato que se le ha vuelto a dispensar al ahorrador.
A pesar de que desde el Ministerio de Hacienda juraban haber entendido que el ahorro es la materia prima indispensable para promover una saludable recuperación económica, la tributación sobre las rentas del capital ha empeorado notablemente con respecto a la que exhibía en 2011. De entrada, los gravámenes nominales sobre el ahorro se han incrementado.
En 2011, las rentas del capital por debajo de 6.000 euros tributaban al 19%, mientras que por encima de ese importe lo hacían al 21%; a partir de 2016, a esos dos tramos se les añade un tercero, del 23%, para rentas superiores a 50.000 euros.
En segundo lugar, Hacienda ha eliminado la exención sobre los primeros 1.500 euros de dividendos, a los que comenzará a aplicárseles una mordida del 19%. Asimismo, y en tercer término, la deducción por alquiler de vivienda se reduce al 50% (desde el 60 por ciento actual para los mayores de 30 años y del 100 por cien para los menores de 30 años). Es decir, las rentas de acciones (dividendos) y de inmuebles (alquileres) son penalizadas fiscalmente.
Cuarto, el Ministerio también ha eliminado los coeficientes de abatimiento que seguían aplicándose para los activos adquiridos con anterioridad a 1994. Este sistema, implantado en 1991 por Carlos Solchaga, buscaba incentivar el ahorro a largo plazo reduciendo en unos determinados coeficientes anuales la plusvalía generada por aquellos elementos patrimoniales transmitidos al menos dos años después de su adquisición: así, por ejemplo, las plusvalías logradas a los seis años por la venta de acciones cotizadas estaban exentas de tributar.
Este beneficioso sistema para el ahorro a largo plazo fue eliminado en la reforma del IRPF de Aznar, pero mantenido para los activos adquiridos antes de 1994. En 2006, Solbes ya les asestó un golpe cuasi mortal inaplicándolos para la parte de las plusvalías devengadas a partir del 20 de enero de 2006, y ahora Montoro los ha terminado de enterrar. En lugar de recuperar este saludable sistema, el afanador ministro ha optado por eliminarlo con nocturnidad, alevosía y retroactividad, infligiendo un durísimo castigo fiscal sobre aquellos ahorradores a largo plazo que todavía poseen activos adquiridos antes de 1994.
Y, por último, el Gobierno ha reducido a 8.000 euros anuales la deducción máxima por aportaciones a planes de pensiones (hasta la fecha, el límite se ubicaba en 10.000 euros para los menores de 50 años y en 12.500 euros para los mayores), minorando todavía más el rendimiento económico-fiscal de estos, por lo general, bastante pobres productos financieros.
En este sentido, no voy a ser yo quien defienda muchas de estas deducciones o exenciones arbitrarias (como la de los planes de pensiones). Lo deseable habría sido eliminar la mayoría de ellas y bajar verdaderamente los gravámenes nominales sobre el ahorro. Pero al no haberlo hecho, al mantener los tipos y quitar exenciones y deducciones, el resultado neto es que la fiscalidad sobre el ahorro empeora notablemente con respecto a 2011.
A la postre, ¿qué ha ofrecido el Gobierno para presuntamente compensar esta mayor agresividad contra las rentas del capital? Pues ese penúltimo timo de la estampitadenominado Planes Ahorro 5: seguros de vida o contratos de depósito a los que podrán efectuarse unas aportaciones máximas de 5.000 euros anuales y por cuyos rendimientos quedará exento el contribuyente en caso de mantener el capital inmovilizado durante un lustro.
Una desnortada argucia fiscal concebida para abaratar la captación de pasivo por parte de las entidades financieras, pero desde luego no para promover un verdadero repunte del ahorro a largo plazo entre los españoles. Primero, porque el límite cuantitativo es ridículo, incluso inferior a las aportaciones máximas a planes de pensiones. Y segundo, porque se limita el tipo de inversiones agraciadas por la nueva normativa a los seguros y los depósitos bancarios, excluyendo así las acciones, los bonos, los pagarés o las participaciones en fondos de inversión.
En unos momentos en los que la economía española necesita hallar vías de financiación distintas al crédito bancario y en los que los trabajadores de menos de 45 años se ven abocados a buscar activos de alto rendimiento que les permitan complementar la exigua pensión que les proporcionará algún día nuestro fraudulentos sistema estatal de pensiones, resulta simplemente disparatado que el Gobierno deje fuera de los Planes Ahorro 5 a todos aquellos activos que sí permitirían lograr ambos objetivos simultáneamente: no necesitamos más depósitos, sino más financiación fuera del oligopolio bancario (más acciones y bonos).
En suma, Montoro consolida un régimen fiscal para el ahorrador sustancialmente peor al vigente con Zapatero. No es de extrañar: el propósito del PP con esta reforma no ha sido el de sentar las bases de un sistema tributario que permita relanzar un crecimiento sano y sostenible para España, sino el de repartir un aguinaldo monetario entre los ciudadanos para intentar arañar algunos votos de cara a las elecciones municipales, autonómicas y generales de 2015. No se ha pensado en el contribuyente y en el ahorrador, sino en el votante.
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