Diego Sánchez de la Cruz sobre el impacto de la reforma fiscal, el desbocado nivel de gastos y el despropósito de las subvenciones en España.
Artículo de Libre Mercado:
Los datos del colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) son abrumadores: el fisco español acumula más de 11.000 millones de euros en deudas pendientes de cobro. La cifra es aún mayor cuando consideramos el total de deudas impagadas, superior a los 50.000 millones de euros.
Informaciones como la anterior son inseparables del tsunami fiscal que soportan los contribuyentes españoles desde el estallido de la crisis. Solamente entre 2012 y 2013, el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó 45 subidas de impuestos. A esto se unen las llamadas cincuenta sombras de Brey, divertido término que hace referencia al medio centenar de medidas tributarias y regulatorias que, desde 2012 hasta hoy, han encarecido la actividad empresarial en España.
No se puede decir que la Administración Rajoy haya conseguido los objetivos de recaudación anunciados. Así, se calcula que los ingresos tributarios para el año 2015 llegarán al 38,8% del PIB, unos 23.000 millones de euros menos de lo registrado antes de la crisis. Sin embargo, es importante explicar que dicha cifra de recaudación será generada con una base de contribuyentes mucho más corta, debido al paro masivo y al cierre de miles de empresas.
Es por eso que, aunque la presión fiscal española no parece muy elevada en comparación con el resto de Europa, el esfuerzo tributario que hacen los contribuyentes de nuestro país se coloca a la cabeza del Viejo Continente. De hecho, podemos decir que los impuestos directos e indirectos se llevan aproximadamente el 45% de la renta de los mileuristas.
Ante semejante cuadro, la reforma tributaria anunciada para 2015 y 2016 generó expectativas entre quienes esperaban que el Ejecutivo español replegase las medidas recaudatorias de los últimos años y adoptase un marco fiscal más amable para los contribuyentes.
Sin embargo, más del 90% de los aumentos impositivos aprobados desde que Mariano Rajoy llegó a La Moncloa seguirán en pie en 2015, después de los citados cambios en el sistema impositivo. En este sentido, cabe recordar que, si bien se prevé una rebaja neta de impuestos superior a 2.000 millones el próximo año, las subidas orquestadas entre 2012 y 2014 rondan los 30.000 millones, con lo que apenas eliminará el 10% de las alzas previas.
De hecho, si, finalmente, se confirma que la rebaja fiscal aprobada el pasado viernes ronda en total los 8.000 millones de euros hasta 2016, eso significa que apenas eliminará el 25% de las subidas previas.
Como ya explicó Libre Mercado, este sombrío panorama tributario ha empujado al exilio fiscal a numerosos ciudadanos extranjeros que habían elegido España como lugar de residencia.
El gasto sigue desbocado
Desde el comienzo de la crisis, el número de asalariados que trabaja en el sector privado se ha reducido más de un 20%. En el sector público, el ajuste apenas ha llegado al 2,3%. De hecho, regiones como Cataluña, Navarra, Murcia, Baleares o Valencia han aumentado notablemente su plantilla de empleados públicos.
El caso de Cataluña es probablemente el más sangrante: la plantilla de asalariados dependientes del Ejecutivo autonómico ha crecido en 40.000 personas a lo largo de la Gran Recesión. El aumento ha sido del 11%, pasando de 364.800 a 405.100 trabajadores.
Cierto es que en otras regiones sí se advierten reducciones. En Castilla-La Mancha, la caída ha sido del 10,42%, mientras que en la Comunidad de Madrid se advierte un tajo del 11,29%. Más lejos aún ha ido Extremadura, donde se advierte una caída del 13%. Sin embargo, también encontramos muchos otros ejemplos de regiones que han seguido "engordando" su plantilla de empleados autonómicos. En Navarra, por ejemplo, el aumento ha sido del 13,77%.
Tampoco se puede decir que las autonomías estén actuando con firmeza contra la proliferación de entes públicos. Por ejemplo, de acuerdo con un estudio del Consejo General de Economistas, España mantiene en funcionamiento más de 20.000 organismos públicos, incluyendo sociedades mercantiles, consorcios, fundaciones, etc. El informe subraya "la opacidad y el descontrol de cuentas" apreciado en la Administración Paralela.
Incluso en aquellos organismos que rara vez suelen ser cuestionados por la opinión pública nos encontramos con alarmantes niveles de ineficacia. Por ejemplo, el Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo INEM) apenas ha conseguido colocar al 3% de los demandantes de empleo…
Si la ineficacia del SPEE resultase gratuita para el contribuyente, quizá el dato anterior no resultaría muy preocupante. Sin embargo, teniendo en cuenta que España gasta anualmente 40.000 millones de euros en programas de "lucha contra el paro", parece evidente que la situación del antiguo INEM bien merece un análisis en profundidad.
Así las cosas, analicemos el caso que analicemos, la mayoría de las informaciones sobre la gestión de los recursos públicos ponen de relevancia una y otra vez el problema estructural de nuestras Administraciones Públicas: su excesivo nivel de gastos. Un caso digno de estudio es Radio Televisión Española, cuyo déficit acumulado es ya de 716 millones de euros.
Las subvenciones a la orden del día
Recientemente, hemos conocido que el Gobierno catalán que dirige Artur Mas repartirá seis millones de euros en subvenciones concedidas a periódicos y televisiones que usen el catalán. A esto se une otra ronda de subsidios, planteada esta vez para aquellas radios que emitan solamente en catalán o aranés.
Más elevado aún es el gasto que van a asumir los contribuyentes andaluces en el marco de los programas dedicados a "luchar contra la pobreza en el mundo". El Ejecutivo regional ha anunciado que asignará la friolera de 200 millones de euros a un plan de "cooperación internacional". Sin embargo, la barra libre de dinero público también está muy presente en el día a día del Gobierno central.
Así, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha anunciado recientemente que repartirá 2.808 millones de euros a lo largo de 2014. ¿El objetivo? Subvencionar a empresas de sectores tan dispares como la minería, la aeronáutica, la automoción o las telecomunicaciones.
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