Si mostraba el otro día la corrupción inmersa en el que debiera ser el último bastión de la honradez del sector público, ahora se conoce que el 80% de la plantilla de informáticos del Tribunal de Cuentas (60 trabajadores) carece de conocimientos y titulación para afrontar el servicio (y el resto no es que sea ningún experto), teniendo que recurrir a informáticos profesionales de verdad y externalizar el servicio ante cualquier problema o necesidad que surja (con el peligro que conlleva por la sensible información que maneja). Y los salarios, por supuesto, bien altos, hasta los 3.000 €, aunque sobren los puestos de trabajo.
Este es otro ejemplo gráfico más de la ineficiencia en la gestión pública, que lejos de buscar la eficiencia, el ahorro de recursos del contribuyente, y la resolución real de problemas y de cumplir con los objetivos teóricos para los que existen, están para el beneficio y lucro propio y la obtención de poder y privilegios a costa del sufrido contribuyente.
Eso sí, se vende siempre como una necesidad para legitimarse y conseguir crecer y crecer en atribuciones y recursos, sin oposición ciudadana, a la que se le convence que es por su bien. La realidad es otra bien distinta, difícil muchas veces de percibir por el ciudadano, al que se la ha repetido y adoctrinado durante décadas de que esto es así.
No percibe que se le es extraído su dinero a la fuerza para beneficio de distintas élites políticas y allegados al poder. No percibe que cada vez se destinan más recursos (más impuestos) para no resolver los problemas (más bien para crearlos, pero lejos de eliminar organismos que no sirven para nada, se les dota de aún más dinero con la excusa de que necesitan más y más recursos para funcionar mejor). No perciben que dichos organismos están básicamente para mantener los privilegios de políticos, sindicalistas o trabajadores públicos que cobran por no hacer su trabajo (o costando 10 y haciendo 10 lo que puede costar o hacer 1).
Un dinero despilfarrado que provoca múltiples distorsiones en la economía. Es falso la extendida creencia (una falacia económica más), que al menos da trabajo a gente, puesto que ese análisis es miope y errado. Esos puestos de trabajo implican en primer lugar destrucción directa de otros muchos puestos de trabajo en otros sectores. ¿Por qué?. Puesto que estas quitando dinero del bolsillo del ciudadano para pagar a unos trabajadores y políticos, y evitando así que lo den a otros trabajadores por la prestación de un servicio. Por ejemplo. Si les quitan 100€ en impuestos para pagar un empleo público innecesario, está evitando que dicho ciudadano le de a un zapatero 100€ al comprarse unos zapatos (creando empleos en otros sectores o provocando despidos en otros sectores porque dejas de gastar esos 100€ que te han quitado los políticos).
Este hecho muestra además la mala asignación de recursos de la Administración Pública y lo que esto conlleva para el desarrollo económico y del bienestar para la sociedad. Cuando la Administración te quita el dinero de tu bolsillo y lo dedica a despilfarrar o entregarlo en grandes cuantías a gastos improductivos (plantillas y salarios públicos inflados, o gastos absurdos e innecesarios, que están a la orden del día) provoca una dilapidación de recursos (que siempre son escasos). Dichos recursos dejan de ser empleados en producir algo que es demandado y más necesario para el ciudadano provocando una menor producción de lo que es más necesario (y por lo tanto encareciendo dicho producto y evitando que más recursos sean invertidos en la producción de dichos productos/servicios con la consiguiente pérdida de innovación tecnológica o productividad que mejoren dichos productos/servicios).
De la misma manera, acumula recursos en donde arbitrariamente decida el político (el error de la planificación centralizada que tan bien mostrara Hayek) en gastos no demandados o necesarios para el ciudadano (o que implican un gasto muy superior a lo necesario o que no hay capacidad de financiarlos por parte de la economía...), esquilmando la economía productiva en favor de los deseos políticos (lo que provoca situaciones graves con consecuencias indeseadas, como burbujas, recortes posteriores, desempleo masivo al destrozar la capacidad productiva de la economía orientando mal a los agentes...).
Y por último, y como he comentado, se crea una errada orientación de los agentes, a los que desde el ámbito público se les dicta unas normas (tipos de interés, regulaciones...) que les hace dirigirse hacia unos objetivos o sectores de producción (distorsionando las normas del mercado libre) que provoca burbujas (como la inmobiliaria debido a la manipulación a la baja de los tipos de interés entre otras medidas políticas, para favorecer la demanda y el crédito y hacer crecer la economía), que lleva posteriormente a pinchazos por las inversiones improductivas y despilfarro de recursos que conlleva la burbuja, con consecuencias que ya todos conocemos (agravado además por las múltiples rigideces que se imponen sobre la economía que provoca que dichas consecuencias sean más graves y largas en el tiempo), no permitiendo un crecimiento estable y sostenido de la economía.
Artículo de El País:
Este es otro ejemplo gráfico más de la ineficiencia en la gestión pública, que lejos de buscar la eficiencia, el ahorro de recursos del contribuyente, y la resolución real de problemas y de cumplir con los objetivos teóricos para los que existen, están para el beneficio y lucro propio y la obtención de poder y privilegios a costa del sufrido contribuyente.
Eso sí, se vende siempre como una necesidad para legitimarse y conseguir crecer y crecer en atribuciones y recursos, sin oposición ciudadana, a la que se le convence que es por su bien. La realidad es otra bien distinta, difícil muchas veces de percibir por el ciudadano, al que se la ha repetido y adoctrinado durante décadas de que esto es así.
No percibe que se le es extraído su dinero a la fuerza para beneficio de distintas élites políticas y allegados al poder. No percibe que cada vez se destinan más recursos (más impuestos) para no resolver los problemas (más bien para crearlos, pero lejos de eliminar organismos que no sirven para nada, se les dota de aún más dinero con la excusa de que necesitan más y más recursos para funcionar mejor). No perciben que dichos organismos están básicamente para mantener los privilegios de políticos, sindicalistas o trabajadores públicos que cobran por no hacer su trabajo (o costando 10 y haciendo 10 lo que puede costar o hacer 1).
Un dinero despilfarrado que provoca múltiples distorsiones en la economía. Es falso la extendida creencia (una falacia económica más), que al menos da trabajo a gente, puesto que ese análisis es miope y errado. Esos puestos de trabajo implican en primer lugar destrucción directa de otros muchos puestos de trabajo en otros sectores. ¿Por qué?. Puesto que estas quitando dinero del bolsillo del ciudadano para pagar a unos trabajadores y políticos, y evitando así que lo den a otros trabajadores por la prestación de un servicio. Por ejemplo. Si les quitan 100€ en impuestos para pagar un empleo público innecesario, está evitando que dicho ciudadano le de a un zapatero 100€ al comprarse unos zapatos (creando empleos en otros sectores o provocando despidos en otros sectores porque dejas de gastar esos 100€ que te han quitado los políticos).
Este hecho muestra además la mala asignación de recursos de la Administración Pública y lo que esto conlleva para el desarrollo económico y del bienestar para la sociedad. Cuando la Administración te quita el dinero de tu bolsillo y lo dedica a despilfarrar o entregarlo en grandes cuantías a gastos improductivos (plantillas y salarios públicos inflados, o gastos absurdos e innecesarios, que están a la orden del día) provoca una dilapidación de recursos (que siempre son escasos). Dichos recursos dejan de ser empleados en producir algo que es demandado y más necesario para el ciudadano provocando una menor producción de lo que es más necesario (y por lo tanto encareciendo dicho producto y evitando que más recursos sean invertidos en la producción de dichos productos/servicios con la consiguiente pérdida de innovación tecnológica o productividad que mejoren dichos productos/servicios).
De la misma manera, acumula recursos en donde arbitrariamente decida el político (el error de la planificación centralizada que tan bien mostrara Hayek) en gastos no demandados o necesarios para el ciudadano (o que implican un gasto muy superior a lo necesario o que no hay capacidad de financiarlos por parte de la economía...), esquilmando la economía productiva en favor de los deseos políticos (lo que provoca situaciones graves con consecuencias indeseadas, como burbujas, recortes posteriores, desempleo masivo al destrozar la capacidad productiva de la economía orientando mal a los agentes...).
Y por último, y como he comentado, se crea una errada orientación de los agentes, a los que desde el ámbito público se les dicta unas normas (tipos de interés, regulaciones...) que les hace dirigirse hacia unos objetivos o sectores de producción (distorsionando las normas del mercado libre) que provoca burbujas (como la inmobiliaria debido a la manipulación a la baja de los tipos de interés entre otras medidas políticas, para favorecer la demanda y el crédito y hacer crecer la economía), que lleva posteriormente a pinchazos por las inversiones improductivas y despilfarro de recursos que conlleva la burbuja, con consecuencias que ya todos conocemos (agravado además por las múltiples rigideces que se imponen sobre la economía que provoca que dichas consecuencias sean más graves y largas en el tiempo), no permitiendo un crecimiento estable y sostenido de la economía.
Artículo de El País:
El Tribunal de Cuentas, donde casi un centenar de sus 700 empleados son familiares y allegados de altos cargos y de representantes sindicales del organismo, necesita adaptarse a las nuevas tecnologías informáticas. Pero con el personal de que dispone no puede. Un informe del subdirector jefe del servicio central de informática de la Administración del Estado, al que ha tenido acceso EL PAÍS, revela que el 80% de la plantilla de informáticos del Tribunal de Cuentas (60 trabajadores) carece de conocimientos y titulación para afrontar las necesidades del servicio.
Este tribunal es el organismo encargado de fiscalizar a los partidos políticos y al sector público. En los últimos años se le ha cuestionado por su ceguera en casos como el de Bárcenas —que durante 20 años dispuso de una caja b en el PP nutrida con donaciones ilegales—, y porque tarda hasta cinco años en emitir sus informes sobre cómo gastan las administraciones el dinero de las arcas públicas y cómo gestionan los partidos políticos las subvenciones.
El documento analiza la plantilla de informáticos y, salvo algunas excepciones, concluye que es ineficaz para lo que pretende el tribunal: desarrollar un sistema operativo adecuado que ayude al organismo a cumplir con celeridad sus objetivos fiscalizadores.
Esta carencia de personal informático adecuado (pese a su abultada plantilla de 60 trabajadores) ha obligado reiteradas veces al tribunal a acudir con urgencia a profesionales de la Administración General del Estado para resolver problemas. Y esto ocurre en un Tribunal donde se mueven todos los años cientos de expedientes “con información muy sensible y sujeta al deber de sigilo”, según detalla el informe del subdirector jefe, que además ofrece un dato demoledor: la mayoría de los informáticos solo tiene el graduado escolar o el bachillerato y no conoce más allá del programa Windows. El sueldo de un jefe de equipo de este departamento es superior al de un inspector de Hacienda recién llegado, en torno a 3.000 euros.
Este estudio fue elevado el pasado mes de mayo al pleno del Tribunal de Cuentas para que entendiera la situación que existe y la necesidad de profesionalizar el servicio, externalizando una parte o contratando personal cualificado si lo que pretende el tribunal es equiparar su tecnología a la de otras administraciones.
El PAÍS publicó el pasado martes que cerca de un centenar de empleados del organismo encargado de fiscalizar las cuentas del Estado son familiares de altos cargos y de representantes sindicales. Muchos de estos familiares accedieron al tribunal tras franquear exámenes, y fueron asignados inicialmente (algunos aún continúan allí) al departamento de informática, como grabadores de datos, pero sin los estudios específicos.
El informe del subdirector jefe analiza la plantilla e indica: “Según esta relación de puestos de trabajo, para formar parte de una unidad informática departamental del tribunal, en el 80% de los puestos [bastó] con tener experiencia en MS-DOS, lo que a día de hoy sería equivalente a Windows, disponer de conocimientos informáticos y saber utilizar Office”.
El informe considera que la preparación de la plantilla es obsoleta, y añade: “Estos conocimientos son inherentes hoy en día al desempeño de cualquier puesto de trabajo en el que se utilice un ordenador personal, por lo que la práctica totalidad de los empleados del tribunal no estarían cualificados para ocupar uno de estos puestos”.
Destaca que, dadas las necesidades del tribunal, “no parece que baste con saber utilizar un ordenador para prestar los servicios que el tribunal demanda de sus profesionales TIC [Tecnologías de la Información y las Comunicaciones], y mucho menos ante la necesaria implantación de plataformas de administración electrónica que sitúen al Tribunal de Cuentas al nivel de otros órganos como el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo”.
El informe critica que se han dado puestos laborales en el área de informática sin la debida preparación. “Si bien la descripción de los puestos y la formación exigida no corresponde con la necesidades reales de una unidad TIC, tal vez la selección del personal se realizó teniendo estas necesidades en mente y, de alguna manera, fueron ocupadas por personal con formación informática. Sin embargo, un sencillo análisis de la ocupación desmiente esta hipótesis: solo hay cinco personas con estudios de informática o telecomunicaciones entre un total de 60 puestos”.
De estos 60 miembros de la plantilla de informática, a 21 se les asignó la categoría de operador informático. Según el convenio colectivo aprobado entre los sindicatos y los altos cargos del tribunal, para acceder a este puesto solo era necesario tener estudios “de bachillerato, BUP, FP2 o LOGSE”, y alguna “experiencia en el sistema MS-DOS”. Y a otros 19 operarios solo se les exigió, por acuerdo de convenio colectivo, tener la “ESO, el graduado escolar o FP1”. Otra exigencia era tener “experiencia en desempeño de puesto de trabajo similar”. A los programadores informáticos (hay cuatro) les bastó únicamente con acreditar que tenían “experiencia en el sistema operativo MS-DOS”. Los dos jefes de negociado que hay en plantilla solo tuvieron que demostrar “conocimientos de proceso de texto, hoja de cálculo, gestores de datos y entornos ofimáticos”.
El informe analiza también los puestos del Servicio Central de Informática del Tribunal de Cuentas, donde hay otros 11 operarios. En este servicio, señala el documento, el nivel de exigencia profesional debe ser muy superior (“por encima del nivel de usuario de Windows”) al del personal antes citado. Tampoco sucede: “En siete de los once puestos es suficiente un uso básico del ordenador para ocupar un puesto informático en el Servicio Central de Informática”. Ninguno de estos siete operarios tiene estudios universitarios. En ese departamento han recalado algunos de los opositores con “padrino” en la institución, según asegura una fuente.
Algunos allegados de altos cargos son ahora jefes de equipo. El convenio colectivo del tribunal resta importancia a los estudios a la hora de ascender. Su artículo 6 establece: “Los aspirantes por el turno de promoción interna, excepto para acceder a los grupos 1 [titulados universitarios] y 2, quedarán exentos de reunir el requisito de titulación reseñado anteriormente, siempre y cuando acrediten una experiencia mínima de cinco años de antigüedad en la plantilla”.
Dos grandes debilidades
El informe sobre las graves carencias del servicio informático del Tribunal de Cuentas contiene un estudio comparativo con su análogo del Tribunal Constitucional. El informe apuesta por que haya un equipo propio competente dentro del Tribunal de Cuentas que sea capaz de desarrollar los programas adecuados para su cometido fiscalizador y, a la vez, garantice la confidencialidad de la documentación que maneja.
Sin embargo, descubre “dos grandes debilidades” respecto al servicio informático del Tribunal Constitucional. “El Tribunal de Cuentas externaliza la mayoría de los mantenimientos de las infraestructuras y aplicaciones de administración electrónica. Estos mantenimientos se concretan en forma de atención telefónica desde un centro externo, por lo que no hay atención dentro del propio tribunal ni de técnico que conozcan de antemano las peculiaridades de la infraestructura del tribunal. Por ejemplo, si se cae la red de datos, la atención en primera instancia es telefónica, con independencia de la gravedad del incidente, lo que alarga los tiempos de resolución frente a los que se obtendrían si se dispusiera de técnicos en la propia sede, como sucede en el Tribunal Constitucional. Lo ideal sería disponer de técnicos informáticos en plantilla que se ocuparan de este trabajo para que el conocimiento se mantengan dentro del tribunal”.
El estudio compara la capacidad y nivel de los técnicos del Tribunal Constitucional y del de Cuentas, y concluye: “La relación entre puestos TIC [los más cualificados] y empleados es de 1 a 7 en el Tribunal Constitucional, mientras que en el Tribunal de Cuentas es de 1 a 64”.
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