Juan Rallo analiza el terrible modelo francés al que se van a acoger los políticos españoles para financiar con más impuestos (menos salarios de los trabajadores, menos rendimientos de los ahorradores e inversores y menos pensiones de los pensionistas) las decrecientes pensiones que vienen.
Éstas son las cifras y sus consecuencias, el modelo francés, la estafa a la que estamos obligados a aceptar, y la alternativa a la que cada vez permiten a menos personas acceder.
Artículo de El Confidencial:
Manifestación en contra de la reforma de las pensiones en 2013 en París, Francia. (EFE)
Hace justo una semana, escribí que el futuro de la Seguridad Social española basculaba entre un tijeretazo a las pensiones públicas y un sablazo a los salarios. Finalmente, parece que nos castigarán con ambos: pagaremos más para cobrar menos. El PP, a través de Gerardo Camps, su portavoz en la comisión de seguimiento del Pacto de Toledo, acaba de lanzar el globo sonda de crear un impuesto extraordinario, similar al existente en Francia, para afrontar el abono futuro de las pensiones públicas. Pedro Sánchez lleva defendiendo esa misma idea desde la campaña electoral de 2015: imitar a Francia para salvar nuestras pensiones.
Apelar a Europa se ha convertido en una constante de todos nuestros políticos para justificar el saqueo a los ciudadanos. Si nuestros países vecinos lo hacen, ¿por qué no vamos a hacerlo también nosotros? Pues porque no conviene pegarse un tiro en el pie por mucho que los franceses hayan decidido hacerlo. A la postre, ¿en qué consiste ese impuesto finalista galo que parece haberse convertido en el modelo referencial del PP y del PSOE para mantener a flote la Ponzi-fraudulenta Seguridad Social española?
Francia sufre de un problema de sostenibilidad de sus pensiones similar al que tendrá España dentro de un par de décadas: en la actualidad, solo cuenta con 1,43 cotizantes por cada pensionista (a día de hoy, nuestro país cuenta con casi dos cotizantes). En concreto, los cotizantes se ubican en torno a los 26,5 millones de trabajadores, mientras que los pensionistas alcanzan los 18,5 millones. Desde hace años, las cotizaciones sociales francesas no han sido suficientes para costear tan onerosa carga, motivo por el cual se decidió crear en 1991 un tributo finalista denominado 'contribución social generalizada'(CSG).
En sus orígenes, la CGS gravaba con un 1,1% los salarios y las rentas del capital. Nada extraordinario, acaso piense usted. Pues bien, desde 2005, los salarios son maltratados con una exacción del 7,5%, las rentas del capital con una del 8,2% y las propias pensiones con una del 6,6% (si la pensión se ubica entre 10.997 euros y 14.374, 'solo' paga el 3,8%). Pero no crean que la escalada de la mordida termina aquí: a partir de 2018, se proyecta que la CGS se incremente hasta el 9,2% de los salarios.
En otras palabras: la forma que ha encontrado el Gobierno francés de apuntalar su fallido sistema de pensiones es requisando —adicionalmente al IRPF y a las cotizaciones sociales— casi el 10% de los salarios de los trabajadores y autónomos franceses, así como el 6,6% de las pensiones de sus jubilados. Pagar más hoy para cobrar menos mañana. ¿De verdad alguien puede creer que la solución mágica para las pensiones españolas pasa por quitarles a los trabajadores el 10%de sus salarios y a los pensionistas el 6,6% de sus pensiones? Pues esa es la calamidad que PP y PSOE consideran un ejemplo a seguir.
Claro que alguien podría pensar que todo este siniestro esquema puede resultar aceptable si, al menos, conseguimos abonar pensiones tan altas como las francesas. Desengáñese: es verdad que Francia paga pensiones más altas que España en términos absolutos, pero lo hace porque sus salarios (y, por tanto, la productividad de sus trabajadores) también son mucho más altos. En términos relativos (pensiones en relación a los salarios), sus pensiones son sustancialmente más bajas que las nuestras: las pensiones medias españolas equivalen al 70% del último salario percibido por los trabajadores antes de jubilarse; en Francia, ese porcentaje (conocido técnicamente como 'tasa de sustitución') es del 50%. Todavía peor: a pesar del nuevo sablazo que prepara el Gobierno francés sobre sus obreros (una CSG del 9,2% de sus salarios), está previsto que esa ratio caiga hasta el 40% a lo largo de las próximas décadas. Es decir, la extractiva CSG ni siquiera permite que los franceses mantengan su régimen previsional presente: por consiguiente, aun cuando España la importara, nuestras pensiones continuarían abocadas a ser recortadas (y eso que, recordemos, la CSG ya constituye 'per se' un recorte de las pensiones).
En suma, la genial idea del Partido Popular y del Partido Socialista —de la casta socialdemócrata nacional— para minimizar la bancarrota de la Seguridad Social consiste en empobrecer todavía más a los trabajadores y a los pensionistas. No solo nos han obligado a todos a participar en un sistema incapaz de cumplir con sus promesas, sino que ahora pretenden impedirnos escapar de él. Porque para escapar —al menos, para hacerlo parcialmente—, todos deberíamos comenzar a ahorrar para conseguir que un porcentaje cada vez mayor de nuestros ingresos futuros no dependa del perfil demográfico de España ni de la caprichosa y torcida voluntad de nuestros gobernantes. Pero el margen de ahorro personal de muchos ciudadanos será totalmente devorado por ese rejonazo en forma de CSG francesa que preparan al alimón PP y PSOE. Ojalá todavía estemos a tiempo de frenarlo.
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