El impuesto sobre las pensiones, a los políticos

Vicente Lozano refuta la demagógica argumentación del PSOE de Pedro Sánchez para subir impuestos a "los bancos" para pagar las pensiones, exponiendo bien a las claras a quién hay que subir los impuestos bajo dicha argumentación y responsabilidad. 


Y no solo es demagógica la propuesta en cuanto a la argumentación, que no puede ser más falaz, empezando además que quien pagará esos impuestos son la clase media vía mayores comisiones bancarias, sino a su capacidad para resolver un enorme problema al que no quieren hacerle frente, tras tantos años de manipular a la gente, puesto que las necesidades de este manirroto sistema son muchísimo mayores al ínfimo parche que pretende poner el PSOE, empobreciendo a la gente.  

Artículo de El Mundo: 

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, saluda a un jubilado durante un acto celebrado en Leganes. EFE

Pedro Sánchez mantiene su propuesta de que la banca pague mediante un impuesto específico parte de las pensiones públicas. Nadie le va a quitar su capacidad legislativa para crear nuevos tributos si llega a gobernar. Y tiene razón en que una de las vías para financiar la cada vez más costosa Seguridad Social será la de los impuestos. Es tan legítimo como decidir paliar ese déficit con deuda, como está haciendo el Gobierno de Rajoy.

Bien. El problema de Sánchez es que viste su iniciativa con un ropaje demagógico que, si se analiza en profundidad, la echa por tierra. Porque el principal argumento que utiliza el líder socialista para imponer ese tributo a la banca -¿por qué no a las compañías eléctricas, o a las operadoras, o a Facebook, o a Google- es que los bancos tienen que revertir a la sociedad lo que la sociedad les dio en forma de 60.000 millones de rescate bancario.

Pero eso no es así. Porque aquel dinero público que no se va a recuperar fue para rescatar las cajas de ahorros, no a los bancos. Las cajas, unas entidades de crédito que funcionaban a la perfección hasta que una ley de agosto de 1985, siendo secretario de Estado de Economía Miguel Ángel Fernández Ordóñez -el mismo que veintitantos años después vería desde el Banco de España cómo se desmoronaba ante sus ojos su modelo- permitió que los políticos interfirieran en su gestión.

Sólo algunos ejemplos de las cajas rescatadas o quebradas: Bankia se fue al garete con el desaparecido Miguel Blesa, amigo de Aznar, y Rodrigo Rato, vicepresidente de un Gobierno popular. Caixa Cataluña fue rescatada cuando su presidente era Narcís Serra, también vicepresidente, pero de un Ejecutivo socialista. Bancaja estuvo presidida por José Luis Olivas, que fue mandatario de la Comunidad Valenciana; Caja Castilla-La Mancha, por Juan Pedro Hernández Moltó, insigne diputado socialista entre 1989 y 1999. Todos, además, encausados -y alguno condenado- en distintos procesos penales por fraude fiscal, malversación y delitos similares.

En cambio, los bancos a los que Sánchez quiere colocar el impuesto no han recibido ni un euro público durante la crisis. Y si ha quebrado alguno, como el Popular, los únicos que han perdido dinero han sido sus accionistas y sus tenedores de bonos.

Que Sánchez ponga a los bancos los impuestos que considere oportuno, pero no tiene sentido su argumento robinhoodiano porque no tienen que devolver a los españoles nada de ese rescate. Si acaso, debería colocar ese impuesto a las fortunas que hicieron los gestores manirrotos de aquellas cajas. A los políticos que las manosearon.

Ah, y la propuesta de Fátima Báñez del nuevo cálculo de las cotizaciones para establecer la pensión es justa y adecuada para muchos trabajadores, pero no está pensada para solucionar las pensiones del futuro ni la sostenibilidad de la Seguridad Social.